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Justicia de Estados Unidos pide 30 años de condena para Clíver Alcalá por narcotráfico y nexos con las FARC

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Su defensa pide seis años de prisión

La justicia de Estados Unidos pidió a una Corte Federal del distrito sur de Nueva York, 30 años de condena para el mayor general retirado Clíver Alcalá por vínculos con el narcotráfico y entrega de armas a las desaparecidas FARC, según publicó el diario El Tiempo de Colombia.

El 18 de enero está citada una audiencia en la cual se conocerá la condena que le impondrá Estados Unidos a Alcalá, quien ante una corte de Nueva York aceptó dos cargos.

Dio apoyo a las FARC


Según el fiscal del caso, Alcalá era un “poderoso general de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela que, por años, dio apoyo a las FARC”, a las que califica como una “violenta organización responsable de la producción y distribución de la mayor parte de la cocaína que llegaba a Estados Unidos”.

El documento conocido por El Tiempo agrega que, como jefe de “miles de militares armados”, Alcalá protegió a las FARC y a sus socios de la interferencia de las fuerzas militares y de la justicia venezolana, y que entregó a esa guerrilla material militar; también, que conspiró para lograr que la droga de la guerrilla no tuviera interferencia alguna para salir de Maiquetía, “el más grande aeropuerto de Venezuela”. “A cambio, Alcalá recibió millones de dólares en sobornos”, dice la solicitud.

El exmilitar fue extraditado a Estados Unidos desde Colombia en 2020 y el 29 de junio se declaró culpable de “proporcionar, ayudar e instigar la provisión de apoyo material o recursos” a las FARC, y de “recibir y transferir armas de fuego y municiones, sabiendo y teniendo motivos razonables para creer que dichas armas de fuego y municiones se utilizarían para cometer el delito federal de terrorismo”.

En junio de 2023, en una audiencia ante el juez Alvin Hellerstein, el procesado admitió que brindó armas y apoyo a las FARC, guerrilla a la que además dejó transitar libremente por Venezuela.

Su confesión escrita, que leyó el propio Alcalá en la audiencia, destaca que desde 2006, mientras se desempeñó como general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, brindó apoyo a las FARC.

El Juez le preguntó si él “impidió que miembros de las FARC y sus asociados fueran arrestados por agentes del orden venezolanos”. Alcalá dijo que sí, y añadió que también evitó el contacto entre la Fuerza Armada venezolana y las FARC, para que la guerrilla no fuera perseguida.

Asimismo, Alcalá aseguró que él entregó armas a las FARC, incluyendo 20 granadas y 3,5 lanzagranadas, y dijo que “la mitad (fueron) para el señor Luciano Marín Arango, y la otra mitad para el señor Londoño, Timochenko”, quienes para la época eran “el número uno y número dos de las FARC en el territorio que me correspondía en Venezuela”.

Los coletazos de este caso


La dura condena que pide el Departamento de Justicia -que depende directamente de la Casa Blanca- representa un campanazo de alerta para el Gobierno venezolano.

El Departamento de Justicia dice que Alcalá recibía sobornos de 150 mil dólares por cada cargamento que salía de su área de control, especialmente en el estado Valencia.


Esos negocios, dice EEUU, se originaron en plenas negociaciones del Caguán, en los que se acordaron mover campamentos y “cocinas” del narcotráfico hacia territorio venezolano para operar desde allí sin restricciones “e inundar de coca” el norte del continente

El escrito documenta además cómo Clíver Alcalá habría llamado en 2008 directamente a un jefe de la Guardia Nacional venezolana para que dejara mover a lo largo del territorio del país un convoy que llevaba al menos una tonelada de droga de las FARC y que fue detenido en un puesto de control.

EEUU dice que Alcalá recibió al menos entre dos y tres millones de dólares de sobornos en efectivo. También, que fue detenido por la Policía venezolana en una operación en la que fueron descubiertas 35 toneladas de cocaína en siete camiones militares en el estado Falcón. “Cerca de los camiones, los policías hallaron al acusado, que se identificó como el militar de más alto rango en la región”. “Cuando se intentó arrestarlo, el acusado les dijo a los policías que estaban interfiriendo con un asunto de los militares y que tendrían consecuencias”.

Después que hizo algunas llamadas, al lugar arribaron 80 miembros de la Guardia Nacional y un helicóptero, y a los policías les ordenaron borrar todo registro del hecho. Además, sus computadores y radios fueron confiscados”.

Noticia al Día / El Tiempo

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