Justicia argentina ordena el desafuero y arresto de la expresidenta Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es acusada de supuesto encubrimiento a Irán en el atentado a la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

El juez federal Claudio Bonadio dictó este jueves  el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), e instó al Senado a que le quite los beneficios parlamentarios que goza como senadora y que impiden su arresto.

El juez argentino acusó a la exmandataria de montar “un plan criminal orquestado” con el fin de “dotar de impunidad” a los iraníes sobre los que pesaba una orden de captura internacional por el atentado contra la AMIA.

Por la misma causa, basada en la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015 cuatro días antes de morir de un disparo en la cabeza, su ex canciller Timerman quedó bajo arresto domiciliario.

A pocos días de jurar como legisladora nacional, el juez Bonadio al procesarla en la causa donde se la acusó de montar un “plan criminal orquestado” junto al ex canciller Héctor Timerman, diseñado para “dotar de impunidad” a los ciudadanos iraníes que tenían captura internacional pedida a Interpol por el atentado a la AMIA, pidió además su desafuero y detención.

La ex presidenta sumó su cuarto procesamiento en la justicia federal a horas de la detención de uno de los hombres más importantes del kirchnerismo: Carlos Zannini.

La ex presidenta y los ex funcionarios de su gobierno fueron acusados por el fiscal Gerardo Pollicita el 7 de septiembre, de “encubrimiento agravado” por tratarse el atentado a la AMIA de un delito declarado de lesa humanidad y debido a que por su rol de funcionarios públicos, generaron “un impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.

El “plan criminal” según la Justicia, estuvo “destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní” imputados por el atentado a la sede local de la AMIA. Este “encubrimiento” les permitió “eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina, en desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado”.

Para la Justicia la principal responsabilidad del “accionar criminal denunciado” recae sobre Cristina Kirchner, pero alcanza a sus principales funcionarios de entonces: Zannini, Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro Abbona, Timerman, Juan Mena y Andrés, Larroque, entre otros.

Pero además, este “plan denunciado” contó con “canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales”, como “vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado”. En esta instancia, se incluyó a “un grupo de individuos estrechamente vinculado con funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos involucrados”, que desde la informalidad, “contribuyeron estratégica y sustancialmente con las acciones necesarias para la concreción del plan”: Luis D´Elía, Fernando Esteche, Ramón Bogado, Héctor Yrimia y Jorge Khalil. Todos ellos ya declararon.

En este contexto, el juez Bonadio los encontró responsables del delito de encubrimiento y los procesó. Representa para la ex Presidenta su cuarto procesamiento en la justicia federal, donde ya está procesada por asociación ilícita, lavado de dinero, negociaciones incompatibles y defraudación al Estado.

Agencias

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