La detención policial (Ex-Polisur, Desiree Parra)

La detención policial es una medida cautelar, generalmente prejudicial, consistente en la limitación temporal de la libertad ambulatoria derivada fundamentalmente de la comisión de un hecho presuntamente delictivo.

De todas las actuaciones policiales, relativas a la persecución del delito, se trata de una de las que mayor perjuicio puede causar a los bienes jurídicamente protegidos por nuestra Constitución y por la normativa internacional, referentes a la protección y garantía de los derechos humanos, sin embargo su práctica está jalonada de multitud de situaciones que generan inseguridad en su ejecución, tanto con respecto a la garantía de los derechos de los detenidos, como a los de los propios funcionarios policiales que la realicen.

En tal sentido, que la forma en que se ejecute la detención, puede afectar directamente al contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona que resulte detenida, pero también repercute en la responsabilidad del ejecutor de la detención; es decir, todos aquellos funcionarios policiales que practican una detención no cuentan en la actualidad con unas directrices protocolarias taxativas para saber cómo ha de realizarse una detención, sin incurrir en responsabilidad penal, civil y/o administrativa desde una perspectiva urídicamente intachable.

Lo cierto es que, durante el periodo de formación policial reciben instrucción al respecto, tanto sobre normativa como sobre técnicas de ejecución, sin embargo, no llegan a aclararse las dudas que se pueden plantear en el desempeño de sus funciones en relación con el día a día, pues la diversidad de situaciones a las que han de enfrentarse difícilmente puede ser dilucidadas en su periodo de formación básico. Los miembros de los Cuerpos de Seguridad tienen como misión principal garantizar la seguridad pública y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

La detención policial de una persona supone algo más que la mera privación temporal de su libertad pre-ordenada a un proceso penal. A esa limitación de un derecho fundamental se han de añadir las consecuencias derivadas de haber sido objeto de ella, tanto a nivel físico, psicológico, social o ético, basculando sobre su ejecución multitud de factores que afectan directamente a los derechos humanos y que van más allá de su ejecución material.

Las lesiones físicas derivadas de una detención, los aspectos psíquicos que pueden resultar de la misma, el deterioro social de su imagen o las estridencias mediáticas, pueden afectar los derechos fundamentales que nada tienen que ver con los hechos que las motivan, como medida cautelar ejercitada por los representantes de la seguridad pública. Su ejecución ha de ser intachable y rodeada de todas las garantías jurídicas, procesales, morales y humanas. En relación a ello, ha de entenderse que su práctica ha de estar rodeada de suficientes garantías, sin embargo, existen inconveniente existen inconvenientes que lo dificultan.

La esencia de estos procedimientos radica en compilar el espectro de disciplinas intervinientes en la práctica de la detención, especialmente cuando se ha de recurrir al uso de la fuerza, de modo que queden aglutinadas todas las que, de un modo u otro, median en su ejecución al objeto de obtener una imagen didáctica que ofrezca las garantías suficientes para determinar si una concreta detención es realizada conforme a las directrices legales y a las declaraciones contenidas en las distintas normativas jurídicas aplicables en nuestro país .

Cabe destacar que la dificultad de su regulación emana de la inmensa diversidad de situaciones que pueden plantearse, que van desde una simple infracción administrativa, que degenera en una desobediencia, hasta la detención de un violento y agresivo presunto delincuente armado, pasando por los supuestos de minoración de facultades psíquicas (bien sea, por encontrarse bajo la influencia de sustancias que alteren su comportamiento o su percepción de la realidad, por padecer algún trastorno psíquico transitorio o permanente).

El catálogo es muy amplio, por lo que establecer un decálogo cerrado no parece resultar idóneo, sin embargo, sí es posible establecer unas directrices basadas en las experiencias referidas a los sucesos acaecidos hasta la fecha.

En muchos casos la actitud de ciudadanos concretos resulta intransigente, soliendo estar motivada por el efecto coactivo que genera la figura del Policía a la hora de notificar su orden directa o requerir una actuación concreta, lo que puede devenir en una negativa injustificada legalmente o considerada incongruente con los derechos de los ciudadanos.

Además de su incidencia en la práctica operativa policial, se ha de poner el énfasis en la importancia de los derechos individuales directamente afectados, como son la libertad y la integridad, pero también la dignidad de la persona, conformando todos en conjunto una barrera que ha de ser infranqueable salvo en los supuestos más graves contemplados en el ordenamiento jurídico.

Por todo ello, la detención policial es una de las actividades realizadas en el ejercicio de las funciones policiales que mayor crecimiento está experimentando, motivado fundamentalmente por el notable incremento de las plantillas de los distinto cuerpos de seguridad por el continuado proceso expansionista de las disposiciones del Código Penal y de la amplitud de competencias sancionadoras en distintas materias administrativas, que afectan cada vez más a los cuerpos policiales, unido a una percepción ciudadana de excesivo control.
@desireeparraf – @desiree_parra.

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