Ex presos cubanos hablan de amargas experiencias en España

Pedro Alvarez es un expreso politico cubano que vivió en Madrid por un tiempo en su exilio

Un grupo de ex prisioneros políticos cubanos criticó la forma en que España ha manejado el proceso de inserción de los recién liberados, al tiempo que alertó que las autoridades españolas se desentienden del problema una vez que disminuye la atención de la opinión pública.

“Nuestra experiencia ha sido amarga, al menos para mí”, dijo el sindicalista Pedro Pablo Alvarez, sentenciado a 20 años. “El caso es que tuve que venir a Miami porque desgraciadamente en España había muchos obstáculos y trabas. Es otro contexto”.

El gobierno español anunció que analizará la situación de cada ex preso político cubano y sus familias, quienes empezaron a llegar a Madrid la semana pasada como resultado de un diálogo histórico entre el gobierno de Raúl Castro y la jerarquía de la Iglesia Católica de la isla.

El miércoles, la Cruz Roja española despejó cualquier duda sobre la calidad del apoyo colectivo y precisó que ofrecerá una asistencia integral a los disidentes excarcelados.

José Javier Sánchez Espinosa, subdirector para migraciones de la institución humanitaria, agregó que se incluirá cobertura sanitaria y atención psicológica, así como asesoría legal y consejería para que los hijos de los exiliados puedan continuar sus estudios.

Sin embargo Alvarez, de 62 años, consideró que las dificultades de los excarcelados ‘‘están por comenzar”. El país atraviesa por una compleja situación económica y padece de una alta tasa de desempleo de alrededor del 20 por ciento. La crisis ha provocado en todo el mundo temores de que España caiga en una situación semejante a la que provocó la explosión de la deuda en Grecia y remeció a la Unión Europea.

“Lo que nos preocupa ahora con estos hermanos es que al principio van a tener un período de seis a nueve meses de ayuda”, explicó Alvarez, que no pudo encontrar trabajo en España y dejó de recibir asistencia económica antes de cumplirse el año. “Pero después el gobierno español se desentiende y ahí empieza la tragedia”.

Alvarez y los opositores Omar Pernet Hernández, José Gabriel Ramón Castillo y Alejandro González Raga eran prisioneros de la Causa de los 75. El grupo fue puesto en libertad en febrero del 2008 y trasladado a Madrid pocos días después de un diálogo sobre derechos humanos entre representantes de Cuba y España.

Sus historias guardan en común la sensación de abandono generalizado y promesas incumplidas.

“Les recomiendo, a los que tengan familia en otros países, que busquen acercamiento porque aquí van a ser abandonados más pronto de lo que hemos sido nosotros”, dijo Pernet Madrid.

Pernet, de 64 años, fue fundador en Cuba del Movimiento de Derechos Humanos Mario Manuel, condenado a 25 años de prisión. Sufrió un violento accidente automovilístico cuando era trasladado de una prisión cubana en el 2005, en el cual perdieron la vida tres custodios.

“Cuando nosotros llegamos tuvimos muy buena acogida y atención. Pero nos hicieron muchas promesas que no se han cumplido”, indicó Pernet. “En noviembre pasado cesaron las ayudas de todos los que vinimos. Contraje una deuda con el casero de cuatro meses y tuve que divulgarlo. Sólo después de eso volvieron hacer un reajuste hasta el mes próximo, cuando cumpla 65 años”.

A pesar de las dificultades y penurias económicas, Pernet tuvo palabras de agradecimiento para entidades como La Comunidad de Madrid que ha gestionado ayuda suplementaria para los activistas cubanos.

“Hay que agradecerle un poco más a ellos que al gobierno español”, precisó.

Cuba se comprometió a liberar un total de 52 opositores, que son los restantes de los 75 condenados en el 2003 durante la llamada Primavera Negra, una ola represiva para silenciar a la disidencia. La gestión mediadora contó con el respaldo del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, quien viajó recientemente a La Habana para reafirmar el compromiso humanitario.

Los primeros excarcelados están alojados en el hostal Welcome, del madrileño barrio industrial de Vallecas, en habitaciones de tres y cuatro camas y un baño compartido con apenas dos duchas en cada planta. Varios de estos opositores se han mostrado reticentes a aceptar el estatus de inmigrantes y a ser reubicados en otras ciudades españolas, como Málaga, Sevilla y Valencia. La mayoría prefiere quedarse en Madrid o venir a Estados Unidos, mientras luchan por superar el grado de incertidumbre que los agobia.

González Raga, de 51 años, periodista independiente y miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), dijo que cuando llegó a España tenía muchos planes para él y su familia pero la realidad que encontró fue chocante.

“Ahora mismo estoy sin trabajo. No hay ningún miembro de los que salieron conmigo que esté trabajando”, aseveró González Raga, que en noviembre dejó de recibir la ayuda suplementaria gubernamental de 1,200 euros mensuales.

“Quisiera valerme por mis propios medios. Es penoso pero en definitiva ellos [el gobierno español] fueron los que hicieron un compromiso y lo desatendieron. No hay que deshacerse de los compromisos con tanta facilidad”.

Los disidentes que llegaron la semana pasada mostraron sus dudas sobre si aceptar la condición de inmigrante que les ha ofrecido el gobierno español, que les concedería un permiso de trabajo y residencia, o bien pedir asilo político, lo cual les impediría el regreso a Cuba. Mientras se define la situación, los recién llegados están en un limbo jurídico.

El ex preso Ramón Castillo, de 53 años, recomendó tomar decisiones rápidas y buscar la manera de salir adelante en otro lugar. Contó que su hija es la única de la familia que ha logrado encontrar un empleo.

“Fui el primero en pedir asilo político y no me han dado ninguna vivienda de protección oficial”, comentó desde Madrid. “Nosotros estamos pasando una situación muy difícil. No quiero saber de regalos. Lo que quiero es tener un empleo y resolver”.

El Nuevo Herald